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Deporte a contramano. Los Juegos Bonaerenses entre la austeridad y el “achicamiento” del Estado nacional

Introducción

Los Juegos Bonaerenses constituyen una de las políticas deportivas más emblemáticas de la provincia de Buenos Aires. Desde su creación en 1991, se propusieron democratizar el acceso al deporte y la cultura mediante un sistema de competencias escalonado, territorialmente extendido y orientado a distintas franjas etarias y poblaciones. A lo largo de más de tres décadas, el programa se consolidó como una política pública de alcance masivo, con fuerte inserción territorial y una significativa capacidad de convocatoria, configurándose como un dispositivo central de la política deportiva provincial.

En los últimos años, sin embargo, el campo de las políticas deportivas estatales atravesó transformaciones relevantes, en un contexto marcado por procesos de ajuste fiscal, reconfiguración del rol del Estado y disputas en torno al uso del fondo público. En particular, los programas deportivos destinados a niños, niñas y jóvenes permiten observar tensiones en torno al reconocimiento del deporte como derecho social. La trayectoria reciente de los Juegos Nacionales Evita (política deportiva de alcance federal) muestra una contracción en términos de disciplinas, categorías y participantes, que contrasta con la experiencia de los Juegos Bonaerenses, los cuales buscan ampliar su alcance territorial y presupuesto, aunque no sin tensiones y redefiniciones internas.

El presente artículo se propone analizar las transformaciones recientes de los Juegos bonaerenses, con énfasis en las ediciones 2021-2024 sumando datos preliminares de la edición 2025, situándolas en relación con los cambios en la política deportiva nacional y con las disputas en torno al financiamiento público. A partir de un enfoque cualitativo de análisis documental de normativas, presupuestos, reglamentos oficiales y fuentes periodísticas, y desde aportes del materialismo histórico-dialéctico y de la Teoría Marxista de la Dependencia, se busca comprender cómo las modificaciones en al estructura de las competencias, la cantidad de participantes y las instancias eliminatorias expresan tensiones más amplias sobre el rol del Estado, la planificación estatal y el reconocimiento del deporte como derecho social.

Metodología

La investigación se desarrolló desde un enfoque cualitativo, con un diseño no experimental y un alcance descriptivo–interpretativo. El estudio se apoya en un análisis documental crítico de fuentes primarias y secundarias, orientado a comprender las transformaciones recientes de las políticas deportivas estatales a partir de sus expresiones normativas, organizativas y presupuestarias.

El período de análisis abarca las ediciones de los Juegos Bonaerenses y de los Juegos Nacionales Evita entre 2021 y 2024, incorporando además información preliminar correspondiente a la edición 2025. Este recorte temporal permite observar tendencias de expansión y retracción posteriores a la pandemia de COVID-19, así como los efectos de los cambios de gobierno en las orientaciones de la política deportiva nacional y provincial.

Las fuentes analizadas incluyen normativas oficiales publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires, reglamentos y resoluciones de los programas, presupuestos ejecutados a nivel nacional y provincial, informes institucionales y coberturas periodísticas en diferentes medios locales, provinciales y nacionales. La selección de estas fuentes respondió a su carácter público, oficial y sistemático, lo que permite identificar de manera consistente las propiedades estatales y las modalidades de intervención en el campo deportivo.

El análisis se organizó en tres ejes principales: la estructura de las competencias (disciplinas, categorías y etapas), el alcance territorial y poblacional de los programas, y el financiamiento público asignado. Sobre estos ejes se elaboraron cuadros comparativos y series temporales que permitieron identificar continuidades, variaciones y rupturas en el período estudiado. La interpretación se apoyó en marcos conceptuales del materialismo histórico-dialéctico y de la Teoría Marxista de la Dependencia, que conciben al fondo público como un campo de disputa entre capital y derechos sociales.

El análisis se organizó en torno a tres ejes principales: (i) la estructura de las competencias (disciplinas, categorías y etapas), (ii) el alcance territorial y poblacional de los programas, y (iii) el financiamiento público asignado. A partir de estos ejes se elaboraron cuadrados comparativos y series temporales que permitieron identificar continuidades, variaciones y rupturas en el período estudiado.

Desde el punto de vista analítico, el trabajo no busca reconstruir las racionalidades subjetivas de los decisores ni evaluar la implementación cotidiana de los programas, sino identificar orientaciones estructurales de la política deportiva a partir de las decisiones formalizadas por el Estado. La interpretación de los datos se apoya en los aportes del materialismo histórico-dialéctico y de la Teoría Marxista de la Dependencia, que conciben al fondo público como un campo de disputa entre la reproducción del capital y la garantía de derechos sociales.

Esta elección metodológica permite privilegiar el análisis de las decisiones institucionalizadas y de los procesos estructurales que configuran el lugar del deporte en la planificación estatal. En este sentido, el enfoque adoptado resulta adecuado para comprender las transformaciones recientes de las políticas deportivas en un contexto de crisis, ajuste fiscal y reconfiguración del rol del Estado.

1. Estado, fondo público y Deporte en el capitalismo dependiente.

El deporte se encuentra presente en la vida social en una multiplicidad de espacios, tiempos y prácticas. Forma parte de las trayectorias escolares, de los tiempos de ocio y recreación en plazas, parques y clubes, así como en eventos deportivos y espectáculos de alcance masicos, como los campeonatos profesionales, Juegos Olímpicos o mundiales. Asimismo, ocupa un lugar destacado en los medios de comunicación, donde se inscribe como contenido central de la programación especialmente en franjas horarias de alta audiencia. Esta presencia extendida y socialmente significativa excede el ámbito de la práctica corporal individual y configura al deporte como fenómeno cultural, económico y político de primer orden.

En tanto práctica social masiva y socialmente valorada, el deporte produce sentidos, identidades y formas de sociabilidad, al tiempo que moviliza recursos materiales, simbólicos y organizativos. Por este motivo, su promoción, regulación y financiamiento se inscribe necesariamente en el campo de las políticas públicas. Lejos de constituir un ámbito o accesorio, las políticas deportivas condensan disputas más amplias en torno al rol del Estado, la orientación del fondo público y la definición del deporte como derecho social o como gasto prescindible.

La incorporación del deporte en la agenda estatal no responde únicamente a su masividad, sino a su potencial como herramienta de intervención sobre distintos aspectos de la vida social. A lo largo del siglo XX y comienzo del XXI, el Estado argentino comenzó un extenso recorrido de reconocimiento del deporte como un ámbito estratégico para la promoción de la salud, la educación, la integración social y la construcción de ciudadanía. Sin embargo, este reconocimiento no se dio de manera lineal ni homogénea, sino que fue atravesado por tensiones, redefiniciones y disputas en torno a su sentido, alcance y financiamiento, especialmente en contextos de crisis económica y reconfiguración del rol estatal.

Desde el materialismo histórico-dialéctico, el Estado no es concebido como una instancia neutral ni como un simple ejecutor de intereses particulares, sino como una forma histórica específica de organización del poder político, inseparable de las relaciones sociales de producción. En este marco, Mandel (1982) aporta una conceptualización clave, al desarrollar la noción de autonomía relativa del Estado, entendida como la capacidad estatal de actuar con cierto margen de independencia respecto de los capitalistas individuales, sin por ello sustraerse a las exigencias generales de la reproducción del capital. Esta autonomía permite explicar por qué el Estado puede, en determinados contextos, impulsar políticas sociales y redistributivas, al tiempo que establece límites estructurales a su alcance y profundidad. Es importante destacar que el propio Marx ya había observado esta autonomía relativa en sus estudios sobre el fenómeno del bonapartismo en El 18 de Brumario de Luis Bonaparte; otro autor del campo marxista que desarrolla esta concepción es Nicos Poulantzas (2015), quien, a partir de su teoría relacional del Estado, lo concibe como un ente de naturaleza necesariamente fracturada, lo que hace posible la internalización de las luchas de las clases dominadas en el interior del aparato estatal.

En esta línea, Mandel (1982) sintetiza la acción del Estado contemporáneo a partir de tres funciones fundamentales: (i)represiva o coercitiva, orientada a garantizar el orden social; (ii) la función de integración o legitimación, vinculada a la producción de consenso, cohesión social y estabilidad política; y (iii) la función de garantía de las condiciones generales de producción y reproducción de capital. Si bien estas dimensiones pueden manifestarse en la relación entre Estado y deporte (como en su promoción, regulación y financiamiento) no es el propósito de este trabajo desarrollar exhaustivamente dicha relación, esta conceptualización resulta central para comprender el carácter ambivalente de las políticas deportivas, que pueden funcionar simultáneamente como mecanismos de integración social y como parte de las estrategias estatales de reproducción del orden social.

Otro punto relevante de Mandel para este análisis es su caracterización del capitalismo tardío como un sistema crecientemente susceptible a crisis económicas y políticas de carácter explosivo. En este contexto, el autor sostiene que la “administración de las crisis” se convierte en una función vital de las políticas gubernamentales anticíclicas, orientadas a contener los efectos sociales de las crisis sin alterar las bases estructurales del modo de producción (Mandel, 1982, p.340). Estas políticas buscan gestionar las contradicciones del sistema, amortiguando sus impactos más agudos y garantizando condiciones mínimas de estabilidad social y política.

Esta clave analítica resulta particularmente pertinente para el contexto argentino contemporáneo, marcado por procesos recurrentes de crisis económica, ajuste fiscal y redefinición del rol del Estado. En estos escenarios, las políticas sociales tienen a reconfigurarse como instrumentos de gestión de la crisis, oscilando entre la ampliación de derechos, la contención social y la racionalización del gasto público. Lejos de responder exclusivamente a decisiones técnicas, estas reconfiguraciones expresan disputas en torno al uso del fondo público y a las prioridades de la intervención estatal.

En continuidad con estos aportes, Paiva (2010) sostiene que el fondo público no constituye un ámbito de asignación neutral de recursos, sino una arena de disputa en la que se condensan las contradicciones propias del modo de producción capitalista. Desde una lectura materialista histórica, las políticas sociales deben ser comprendidas como mediaciones estatales de dichas contradicciones, en las que se expresan tanto los límites estructurales impuestos por la dinámica del capital como los márgenes de intervención política del Estado. Esta perspectiva permite analizar los procesos de expansión, reconfiguración o retracción del gasto público no como meros ajustes administrativos, sino como decisiones inscriptas en proyectos políticos específicos.

Desde la Teoría Marxista de la Dependencia, estos procesos adquieren una especificidad particular en las economías periféricas. Autores como Rui Mauro Marini, VâniaBambirra y Teotônio dos Santos desarrollaron, en las décadas de 1960 y 1970, la Teoría Marxista de la Dependencia (TMD) como una crítica a los enfoques cepalinos y a las vertientes marxistas estructuralistas, al explicar el subdesarrollo latinoamericano a partir de la totalidad del sistema capitalista mundial, de la división internacional del trabajo y de la relación centro-periferia. Para la TMD, el subdesarrollo no constituye una etapa previa al desarrollo, sino un rasgo estructural de las economías periféricas, históricamente subordinadas a las necesidades del centro capitalista, cuyo desarrollo autosuficiente impone a la periferia un desarrollo dependiente y reflejado. De este modo, la dependencia es entendida como una parte necesaria de la expansión capitalista a escala mundial, configurando un modo específico de reproducción del capitalismo, en el cual América Latina ocupa una posición central como economía dependiente en la lógica imperialista del capitalismo tardío (Marini, 2012; Carcanholo, 2013).

Este entramado teórico permite analizar las políticas deportivas no como intervenciones aisladas ni meramente administrativas, sino como expresiones concretas de las contradicciones propias del Estado en el capitalismo dependiente. El análisis de normativas, presupuestos y programas deportivos posibilita así identificar orientaciones estructurales y tendencias de políticas públicas, sin atribuir intencionalidades individuales a los decisores, situando las transformaciones del deporte estatal en el marco más amplio de la planificación, la crisis y la disputa por el fondo público.

2. El deporte como derecho en la planificación estatal

El reconocimiento del deporte como un derecho social en Argentina se fue construyendo históricamente a través de diversas políticas públicas, muchas veces ligadas a modelos de Estado más intervencionistas. Desde mediados del siglo XX, el deporte comenzó a incorporarse de manera más sistemática en la planificación estatal como parte del bienestar social, la salud colectiva y la formación ciudadana, consolidándose progresivamente como un ámbito especifico de acción pública.

Durante el primer peronismo (1945–1955), se impulsó una política sistemática que articuló cuerpo, deporte y nación, otorgándole al deporte un lugar relevante en el proyecto de integración social y construcción de identidad nacional. Según Archetti (2005), este periodo marcó el inicio de una visión del deporte como herramienta de cohesión social, identidad nacional y promoción de valores colectivos. Se establecieron incentivos y reconocimientos para deportistas destacados y se promovieron torneos destinados a infancias y juventudes. En 1974, durante el tercer mandato del Gral. Juan Domingo Perón, se sancionó la Ley 20.655 de Promoción de las Actividades Deportivas (Argentina, Congreso de la Nación, 1974), que atribuyó al Estado la responsabilidad de “orientar, promover, asistir, ordenar y fiscalizar” (art. 2) las actividades deportivas, fortaleciendo un enfoque federal mediante la creación del Consejo Nacional del Deporte y el Fondo Nacional del Deporte.

En las décadas posteriores, el estatus administrativo de las agencias estatales dedicadas al deporte fue objeto de múltiples modificaciones, lo que implicó reconfiguraciones en la orientación de las políticas y en los recursos asignados. El área fue considerada, en distintos momentos, como dirección, subsecretaría, secretaría o agencia y dependió alternativamente del Ministerio de Bienestar Social, la Secretaría General de la Presidencia, el Ministerio de Turismo y Deporte, el Ministerio de Educación o el Ministerio de Desarrollo Social. Cada reubicación institucional expresa cambios en las prioridades estatales y en el lugar otorgado al deporte dentro de la agenda pública, afectando su capacidad de planificación y ejecución.

A partir de 2007, con el traspaso de la Secretaría de Deportes al Ministerio de Desarrollo Social, se reforzó su inclusión dentro de la política social. El Plan Estratégico del Deporte Argentino 2008–2012 reconoció expresamente el “derecho al deporte y a la actividad física” como un derecho universal, ampliando el horizonte de la intervención estatal. En esta misma línea, en 2009 se sancionó la Ley 26.573 que creó el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD), financiado por el 1% de los abonos de telefonía celular, lo que permitió dotar al deporte de alto rendimiento de una fuente de financiamiento especifica y relativamente estable (Argentina, Congreso de la Nación, 2009).

Un avance significativo en el plano normativo se produjo en 2015 con la sanción de la Ley 27.202, que introdujo en su artículo 1°, inciso a, el reconocimiento de “la universalización del deporte y la actividad física como derecho de la población” (Argentina, Congreso de la Nación, 2015). Este reconocimiento amplió el marco conceptual del deporte estatal, desplazándolo de una concepción centrada exclusivamente en la competencia hacia una perspectiva más amplia, vinculada al acceso y la inclusión.

Durante la presidencia de Mauricio Macri (2015–2019), se produjeron nuevas modificaciones institucionales que reconfiguraron el área deportiva. La Secretaría de Deporte fue transformada en Agencia y, hacia fines de 2017, se eliminó el impuesto específico que financiaba al ENARD, lo que provocó reclamos por parte del Comité Olímpico Argentino y diversos deportistas. Si bien el organismo continuó funcionando, su financiamiento pasó a depender de partidas presupuestarias anuales, lo que implicó una reducción de su autonomía operativa. Esta situación no fue revertida durante el gobierno de Alberto Fernández (2019–2023), que mantuvo la estructura heredada y un presupuesto deportivo con escasa incidencia dentro del gasto público. Durante este periodo, la Secretaría de Deportes recupero su rango administrativo, y el área quedó bajo la órbita del Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación, a cargo de Matías Lammens Núñez.

Con la asunción de Javier Milei en 2023, se profundizó el proceso de reconfiguración del Estado nacional. Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N.º 8/2023 (Argentina, Poder Ejecutivo Nacional, 2023), se redujo la cantidad de ministerios y el Ministerio de Educación Nacional fue degradado a Secretaría, integrada al nuevo Ministerio de Capital Humano. En este marco, el área de Educación Física, Deporte y Salud quedó a cargo de la coordinación de políticas junto con las jurisdicciones provinciales.

Asimismo, el artículo 17 del mencionado decreto asignó al Ministerio del Interior la definición de la política nacional en materia deportiva, delegando estas funciones en la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, actualmente a cargo de Daniel Scioli. Esta Secretaría articula con la Dirección Nacional de Desarrollo Deportivo Ciudadano, que incluye la Coordinación de Juegos y Eventos Deportivos Nacionales. Estas transformaciones institucionales reconfiguran el lugar del deporte en la planificación estatal y establecen nuevas condiciones para el diseño, financiamiento e implementación de las políticas deportivas de alcance nacional.

3. Programas deportivos destinados a la juventud: Los Juegos Nacionales Evita.

Las políticas deportivas orientadas a la niñez y la juventud en Argentina han estado históricamente vinculadas a programas socioeducativos que buscan fomentar la integración social, la permanencia en el sistema educativo y el acceso equitativo a actividades recreativas y formativas. En este sentido, los Juegos Nacionales Evita constituyen una de las herramientas de mayor alcance territorial y simbólico de las políticas deportivas federales, articulando al Estado nacional con las jurisdicciones provinciales y municipales.

Tal como señala Levoratti (2010), las prácticas deportivas en el marco programas socioeducativos están orientadas a la “ocupación del tiempo libre de los jóvenes y a su integración social, actuando como una estrategia para reducir los riesgos asociados a la permanencia en la calle y fomentar su vinculación positiva con el entorno escolar y comunitario” (p. 122). Desde esta perspectiva, los Juegos Evita fueron concebidos como una política pública que excedía lo estrictamente deportivo, articulando dimensiones educativas, sanitarias y culturales, con un fuerte sentido de inclusión y masividad.

La institucionalización del programa se consolidó con la sanción de la Ley N.º 26.462 (Congreso de la Nación Argentina, 2008) que formalizó su implementación a partir de la articulación entre la Secretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo Social y los gobiernos provinciales y municipales, mediante convenios específicos. Esta normativa estableció el apoyo económico para cubrircostos vinculados al traslado, arbitraje, materiales, asistencia médica, seguros, hotelería, alimentación y otros insumos necesarios. Posteriormente, la Ley N.º 27.202 (Congreso de la Nación Argentina, 2015) amplio las fuentes de financiamiento del programa, incorporando recursos provenientes del juego y del presupuesto del Instituto Nacional del Deporte.

Diversos estudios recientes han señalado, sin embargo, que esta orientación socioeducativa y recreativa convive con un fuerte componente competitivo en el diseño y la percepción de los Juegos Nacionales Evita. Hijós y Murzi (2025), a partir del análisis de encuestas realizadas a jóvenes participantes de la edición 2022, proponen como una política de deporte social basada en la práctica recreativa y lúdica, los Juegos Evita poseen una marcada vinculación con el deporte competitivo y con el desarrollo de atletas orientados al alto rendimiento (p. 63). Los autores señalan que los Juegos son percibidos por las y los jóvenes con expectativas asociadas tanto a la inclusión y la integración social como a la promoción del alto rendimiento deportivo en sus distintas categorías. Asimismo, advierte que las y los participantes se ven atravesados por la intencionalidad política de las instituciones provinciales, que ponen en juego su capital simbólico y político a través de los resultados deportivos (expresados por ejemplo en el medallero). En este marco, los Juegos son asumidos también como una oportunidad para representar a la provincia, la ciudad o el club de pertenencia, contribuyendo a la construcción y consolidación de identidades colectivas basadas en la lógica de la competencia y la rivalidad deportiva (Hijós y Murzi, 2025, p.74).

No obstante, a partir de 2023 se registran transformaciones significativas en la estructura y el alcance del programa. Si bien los Juegos Nacionales Evita continúan vigentes, se observa una reducción en la cantidad de disciplinas y participantes, particularmente en aquellas destinadas a personas con discapacidad (PCD). Estas modificaciones impactan de manera directa en los principios de masividad, accesibilidad e inclusión que caracterizaron históricamente al programa.

La comparación entre ediciones observadas en el Cuadro 1 resultan ilustrativas. En 2023 se desarrollaron cuatro finales nacionales diferenciadas -deportes urbanos, deportes de playa, personas mayores y los Juegos Juveniles convencionales y adaptados- en distintos escenarios distribuidos en el país: Mar del Plata; Chapadmalal; Rio Cuarto y Tecnópolis; mientras que en 2024 se centralizó todo en una única final en la ciudad de Mar del Plata. Esta centralización territorial y disciplinar redujo las instancias de participación y circulación federal, afectando el acceso de jóvenes de distintas provincias y restringiendo el alcance territorial del programa.

Desde una perspectiva estructural, estas transformaciones no pueden ser comprendidas únicamente como ajustes organizativos. Tal como advierte Salvador (2020), “la decisión sobre los gastos y las inversiones públicas y sus fuentes de recursos no es solamente económica, sino que proviene de elecciones políticas” (p. 331). En este sentido, la reducción del alcance de los Juegos Nacionales Evita se inscribe en un proceso más amplio de redefinición del rol del Estado nacional en la política deportiva, que tiende a desplazar responsabilidades hacia los gobiernos provinciales y municipales. Este corrimiento reconfigura las condiciones de garantía del deporte como derecho y profundiza las desigualdades territoriales en el acceso a las políticas deportivas juveniles.

4. La resistencia de las provincias: Los Juegos Bonaerenses.

Los Juegos Bonaerenses fueron diseñados en 1991 y su primera edición se llevó a cabo en 1992 bajo el Decreto N°910/1992 durante la gobernación de Eduardo Duhalde, inspirados en los Juegos Nacionales Evita, suspendidos en 1976 por la última dictadura cívico-militar, con el objetivo de promover la participación deportiva y cultural entre jóvenes de toda la provincia. A lo largo de más de tres décadas, el programa atravesó diversas transformaciones institucionales que ampliaron progresivamente su alcance poblacional, territorial y simbólico, consolidándose como una de las políticas deportivas subnacionales más sostenidas del país.

Desde su creación, los Juegos Bonaerenses incorporaron nuevas categorías y modalidades que ampliaron su universo de destinatarios: en 1996 se sumó la categoría de adultos mayores; en 2004 se incorpora la categoría personas con discapacidad (PCD); en 2008 adoptaron la denominación Juegos Deportivos Buenos Aires, La Provincia (o Juegos BA) con el fin de reforzar la identidad provincial. En 2020 los juegos fueron adaptados a un formato virtual como respuesta a la pandemia manteniendo su continuidad en un contexto de aislamiento social. En el año 2022 se incorporaron las categorías de estudiantes universitarios y personas trasplantadas. Estas ampliaciones dan cuenta de una concepción del deporte y la cultura como practicas inclusivas y de alcance universal. Al mismo tiempo, el programa atravesó momentos críticos, como en 2013, cuando una crisis financiera provincial impidió la realización de la tradicional final en Mar del Plata, que fue reemplazada por encuentros regionales (El Mensajero, 2014, párr. 3)

En la actualidad, los Juegos Bonaerenses son organizados por la Subsecretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires. Su trayectoria reciente muestra un comportamiento singular: mientras el Estado nacional redujo su intervención en el campo de las políticas deportivas, el gobierno provincial sostuvo y reforzó este programa configurándolo como una estrategia de respuesta subnacional frente a la retracción de las políticas deportivas federales.

4.1 Crecimiento presupuestario y territorial

El estudio del financiamiento público constituye una clave interpretativa fundamental para comprender las prioridades y el comportamiento de una política (Mascarenhas, 2016). Como señala Salvador (2020), “o fundo público diz respeito à capacidade que o Estado tem de mobilizar recursos para realizar intervenções em políticas públicas” (p. 326). En este sentido, observar los recursos asignados a una determinada acción va más allá de una mirada técnica o contable, pues permite develar los sentidos políticos y sociales que orientan su formulación e implementación (Salvador & Teixeira, 2014). En esta línea, Friedmann (2006) advierte que la planificación no es un instrumento neutro, sino una práctica política que puede operar como herramienta de dominación o de emancipación según quien la ejerza y con qué objetivos.

Entre 2021 y 2024, los Juegos Bonaerenses experimentaron una expansión presupuestaria notable en términos nominales dentro del presupuesto del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Para el análisis del financiamiento de los Juegos Bonaerenses consideraremos tanto los valores nominales como reales del crédito vigente, expresados a precios de diciembre de 2024, con el objetivo de contemplar el impacto de la inflación en la evolución del gasto público. Este enfoque permite identificar con mayor precisión las variaciones afectivas en la asignación de recursos al programa.

El análisis de la Tabla 1 permite identificar distintos momentos en la evolución del financiamiento del programa. El año 2020 presenta un valor real excepcionalmente elevado, asociado a reasignaciones presupuestarias propias del contexto de emergencia sanitaria. A partir de 2021, con el retorno progresivo a la presencialidad, se observa una recomposición sostenida del financiamiento real de los Juegos Bonaerenses, que se consolida en 2023 y se mantiene en niveles elevador en 2024, aun en un contexto de fuertes restricciones fiscales a nivel nacional.

Este comportamiento resulta significativo en tanto expresa una decisión provincial de sostener una política deportiva de alcance masivo en un escenario adverso. Desde la perspectiva de Salvador (2023), el fondo público constituye un espacio de disputa en el que se define no solo el volumen del gasto, sino también el alcance efectivo de los derechos sociales. En ese marco, la Provincia de Buenos Aires sostuvo el sostenimiento del crédito real asignado a los Juegos Bonaerenses, lo que puede interpretarse como una estrategia de fortalecimiento institucional del programa en el periodo pospandémico.

Un segundo indicador clave del crecimiento territorial del programa lo constituyen los fondos destinados a las distintas etapas de implementación. Como se observa en la Tabla 2, el gasto total real destinado al desarrollo de los Juegos Bonaerenses mostró un incremento significativo a partir de 2022. En términos reales, el gasto pasó de 1.928 millones de pesos en 2022 a 6.238 millones en 2023, manteniéndose en niveles similares en 2024, con un gasto real de 6.268 millones de pesos.

En 2021, año del retorno a la presencialidad tras la pandemia, la etapa local se reactivó con un monto máximo de $5 millones por municipio, sin referencias previas debido a la cancelación de la edición 2020. Solo se realizaron competencias para la categoría Juveniles, lo que limitó su alcance. A partir de 2022, los criterios de distribución cambiaron: el Decreto 1551/22 estableció que los recursos para la etapa local se asignarían considerando el 100% de los inscriptos juveniles de 2021 y el 50% de los adultos mayores y cultura de 2019. En adelante, los fondos por etapa se distribuyeron proporcionalmente según el porcentaje de participación en ediciones anteriores.

Este incremento se explica principalmente por el aumento de los recursos destinados a la etapa provincial, que concentra los mayores costos logísticos del programa, así como por la ampliación de las transferencias a municipios para el desarrollo de las etapas locales y regionales. En 2024, si bien el gasto real se mantuvo estable respecto del año anterior, se implementaron modificaciones organizativas orientadas a contener costos, como la incorporación de una etapa interregional en deportes colectivos, la reducción del número de equipos finalistas y la eliminación de algunas disciplinas y categorías.

Simultáneamente, el gobierno provincial destinó en 2024 más de $6.800 millones exclusivamente a transporte y hotelería, lo que representa un aumento del 200% respecto de años anteriores (Noticias GBA, 2024). Esta inversión buscó garantizar condiciones materiales mínimas de participación en un contexto de fuerte inflación que impactó en los costos operativos.

Estas decisiones evidencian una estrategia provincial que combinó el sostenimiento del programa con procesos de racionalización interna, en un contexto de restricciones fiscales. En línea con Behring (2021), puede afirmarse que el fondo público constituye un campo de disputa en el que no solo se define cuánto se gasta, sino también qué derechos se sostienen y qué tipo de sociedad se busca construir desde el Estado.

4.2 Participación creciente y límites del modelo actual

Uno de los indicadores más significativos del fortalecimiento de los Juegos Bonaerenses en los últimos años es el aumento sostenido de personas inscriptas. Tras la edición virtual de 2020, que contó con aproximadamente 8.000 participantes, el retorno a la presencialidad en 2021 marcó un crecimiento abrupto, alcanzando los 105.000 inscriptos. Desde entonces, la participación continuó expandiéndose hasta alcanzar un récord de aproximadamente 480.000 personas registradas en la edición 2025.

Como podemos visualizar en el Cuadro 2, el punto máximo de expansión se registró en 2023, cuando el programa incluyó cinco categorías poblacionales y una amplia oferta disciplinar. Sin embargo, en 2024 se introdujeron modificaciones orientadas a sostener el programa frente a un contexto nacional de ajuste, caracterizado por un proceso de desfinanciamiento sistemático de las políticas sociales, culturales y deportivas impulsado por el gobierno nacional. En este escenario, las provincias se vieron obligadas a adaptar sus políticas para garantizar su continuidad.

Estas transformaciones buscaron sostener el programa frente al contexto nacional de ajuste impulsado por la administración de Javier Milei, marcado por un proceso de desfinanciamiento sistemático de las políticas sociales, culturales y deportivas. En este escenario, los gobiernos provinciales han intentado mantener ciertos programas mediante adaptaciones. Las medidas aplicadas en la edición 2024 evidencian así una tensión entre la voluntad de continuidad y los condicionamientos estructurales del fondo público.

Desde esta perspectiva, la reducción de finalistas, el recorte de disciplinas y la eliminación de categorías pueden interpretarse como parte de una racionalización interna motivada tanto por restricciones presupuestarias como por un cambio en el clima político e ideológico. Como sostienen Salvador y Ribeiro (2023), “o fundo público é utilizado para reforçar a hegemonia da burguesia dependente” (p. 18), lo que revela una limitación estructural para sostener o ampliar derechos sociales en el marco de un capitalismo dependiente.

La política del gobierno nacional hacia los Juegos Nacionales Evita, que sufrieron recortes y un intento de reconversión en “Juegos de Alto Rendimiento”, refuerza esta orientación. Se inscribe en lo que Behring (2021) describe como un neoliberalismo que “redefine a política social como gasto social focalizado, reduzido e submetido a critérios de desempenho e resultados” (p. 86). Frente a ello, los Juegos Bonaerenses se presentan como un ejemplo casi paradigmático de resistencia provincial y, al mismo tiempo, de adaptación a un modelo estatal en reconfiguración. Como afirma Behring (2021), “o fundo público expressa as disputas existentes na sociedade de classes” (p. 101), por lo tanto, disputar su orientación implica disputar el lugar que ocupan el deporte y la cultura en la planificación estatal.

A modo de cierre

A lo largo de este trabajo se analizó la evolución reciente de los programas deportivos estatales destinados a niños, niñas y adolescentes, con énfasis en las transformaciones que atravesaron los Juegos Nacionales Evita y los Juegos Bonaerenses entre 2021 y 2024, incorporando datos preliminares de la edición 2025. Lejos de tratarse de meros dispositivos de recreación o competencia, ambos programas condensan disputas más profundas en torno al rol del Estado, la orientación del fondo público y el derecho al deporte como componente de una vida digna.

El análisis documental y presupuestario, realizado a partir de la reconstrucción de créditos vigentes y de su expresión en valores reales, permitió identificar una marcada contracción del financiamiento nacional destinado a políticas deportivas de alcance federal, en paralelo con una expansión (no exenta de tensiones y reconfiguraciones) del fondo público provincial orientado a sostener los Juegos Bonaerenses. Esta divergencia, visible en las decisiones presupuestarias y organizativas, pone de manifiesto la coexistencia de dos orientaciones de planificación estatal: una que tiende a retraer su intervención y a redefinir el acceso a derechos bajo criterios de ajuste y focalización; y otra que, aun enfrentando restricciones materiales significativas, busca sostener políticas de carácter masivo, territorial y gratuito.

Estas transformaciones no pueden comprenderse como simples ajustes técnicos ni como decisiones administrativas coyunturales. Por el contrário, forman parte de lo que Salvador (2023) define como una “política de ajuste fiscal permanente”, caracterizada por “impor limite ao crescimento dos gastos sociais (custeio e investimento) e assegurar uma canalização de recursos do fundo público para o pagamento de juros e encargos da dívida pública, ao mesmo tempo que reduz a tributação dos mais ricos e concede generosos incentivos fiscais ao capital” (p. 17-18). Este proceso, basado en el desfinanciamiento relativo de las políticas sociales, tiende a debilitar la capacidad redistributiva del Estado y a reconfigurar el acceso a derechos, con impactos concretos sobre las políticas deportivas de alcance federal.

En ese marco, la pérdida de centralidad de los Juegos Nacionales Evita, expresada en la reducción de disciplinas, la concentración territorial de las finales, la redefinición de los públicos destinatarios y los intentos de reorientarlos hacia un perfil de alto rendimiento puede leerse como una manifestación de estas transformaciones estructurales del fondo público nacional. Más que un proceso exclusivamente técnico, estas redefiniciones expresan un corrimiento en las prioridades estatales respecto del deporte como derecho social.

Desde la Teoría Marxista de la Dependencia, Salvador y Ribeiro (2023) sostienen que, en las economías periféricas, el fondo público se encuentra estructuralmente condicionado por los ciclos de acumulación del capital y por su subordinación a dinámicas externas. En este marco, el Estado reorganiza la producción y distribución de valores sociales no necesariamente para ampliar derechos, sino para sostener procesos de acumulación, lo que introduce límites estructurales a la expansión de las políticas sociales. Como señalan los autores, “o fundo público é utilizado para reforçar a hegemonia da burguesia dependente” (p. 18), lo que permite comprender las dificultades persistentes para consolidar derechos universales en contextos de capitalismo dependiente

El caso de los Juegos Bonaerenses, en contraste, visibiliza otra lógica de planificación estatal a escala subnacional. Si bien el programa también se vio afectado por el contexto macroeconómico y por las restricciones fiscales, logró sostener algunos de sus pilares históricos: la masividad, el anclaje territorial, la gratuidad y la participación como derecho. Las reconfiguraciones introducidas como la incorporación de etapas interregionales o el rediseño de disciplinas no eliminan estas tensiones, pero permiten observar cómo el Estado provincial reformula su accionar frente a nuevas condiciones materiales sin abandonar completamente la política deportiva como herramienta de integración social. En términos de Behring (2021), el fondo público expresa “as disputas existentes nasociedade de classes” (p. 101), y es en ese terreno donde se dirime el alcance efectivo de los derechos.

Este trabajo no buscó idealizar ninguna de las experiencias analizadas, sino ofrecer una lectura crítica de dos procesos que ilustran, en tiempo presente, diferentes modos de concebir la intervención estatal en el campo del deporte. La comparación entre ambos programas permite advertir cómo las políticas deportivas se configuran como espacios privilegiados para observar las tensiones entre ajuste, derechos y planificación.

Finalmente, sostener el deporte como derecho implica necesariamente disputar la orientación del fondo público, entendido no como una entidad neutral, sino como un espacio atravesado por relaciones de poder y por proyectos de sociedad en pugna. En un escenario de reconfiguración estatal como el actual, la continuidad de políticas inclusivas requiere no solo voluntad política, sino también capacidad de planificación, organización institucional y una disputa sostenida por los recursos necesarios para su materialización.

Declaración de autoría

Jacqueline Evelin Fernández: Escritura - revisión y edición.

Pedro Fernando Avalone de Athayde: Supervisión-Visualización

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